Se levanta el secreto de sumario en relación a la concesión de una marina en el puerto de Mahón

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Nautilus
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Se levanta el secreto de sumario en relación a la concesión de una marina en el puerto de Mahón

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Pues seguimos de lios en Baleares.

El sumario, que se encontraba en secreto desde abril 2020, por fin ve la luz.

Agarrense que vienen curvas!
La juez Martina Mora considera que cuenta con «indicios sólidos suficientes» de que el expresidente de la Autoritat Portuària de Baleares, Juan Gual, manipuló el concurso para la gestión de más de 150 amarres en Maó. La magistrada ha levantado el secreto de una de las piezas de la investigación que llevó al arresto de Gual y de la antigua cúpula de la entidad hace ahora un año, aunque mantiene reservado el grueso de las actuaciones, de las que dice que no es «previsible» su levantamiento inmediato.

En un auto notificado este jueves, la magistrada considera que la adjudicación del concurso para la gestión de puestos de amarre y taller en el muelle de Poniente de Maó se amañó para que lo ganaran empresas menorquinas. Asegura que Gual y el exdirector de la APB, Juan Carlos Plaza, manipularon el proceso «como consecuencia del acuerdo alcanzado con algunas autoridades políticas de Menorca y con los miembros y responsables de la asociación ASMEN». Según la resolución, durante meses se negociaron con esta asociación los pliegos del concurso y se les dio «numerosa información relevante para la licitación que no fue pública ni estaba al alcance de los demás licitadores». La magistrada añade que se investiga si este amaño se hizo «a cambio de cualquier favor, prestación, merced o similar, o bien por un interés político».

En esta pieza, además de Gual y Plaza, también están investigados el jefe de área de gestión de la AMP, Fernando Berenguer; el jefe de explotación, Armando Parada; el delegado en Menorca, Vicente Fullana, y la jefa de la Abogacía del Estado en Balears, Dolores Ripoll. La causa también alcanza a una serie de empresas que participan al 20 por ciento cada una en Marina Asmen, la adjudicataria del concurso y el presidente de la Asociación Menorquina de Empresas Naúticas, Justo Saura Mercadal.

El concurso bajo sospecha se tramitó en 2017 y se adjudicó un año después con el voto en contra de cuatro consejeros, entre ellos un abogado del Estado.

La magistrada sospecha que, además de hacer un concurso a medida, durante la valoración de cada uno de los proyectos se incluyeron reglas de puntuación que no constaban en los pliegos para favorecer a Marina Asmen. Añade que las valoraciones económicas «no se realizaron de forma objetiva sino siguiendo las expresas y concretas instrucciones del investigado Parada, dirigidas todas ellas a favorecer exclusivamente a una empresa».

El auto estima en que este procedimiento ha supuesto para la APB la pérdida de 300.000 euros en tasas, «pues la cantidad que el finalmente adjudicatario ofertaba por dicho concepto era notablemente inferior a la ofertada por otros licitadores». El auto cita a una serie de testigos y a los investigados para declarar.

Vincula a la jefa de la Abogacía con la trama a través de su marido
El auto considera que la jefa de la Abogacía del Estado en Balears, Dolores Ripoll, informó «previo concierto con Gual» en el Consejo de Administración de la APB a favor de la adjudicación. «Se apartó de su obligación de informar con independencia», dice, y añade que el marido de Ripoll realizó trabajos remunerados en 2017 para una de las adjudicatarias.
Fuente: https://www.ultimahora.es/noticias/loca ... o-mao.html
Juan Gual, formalmente imputado en el caso puertos
Juan Gual, ex presidente de la autoridad portuaria de Baleares en la pasada legislatura y en la primera mitad de la presente, ha sido formalmente imputado por participar supuestamente en el amaño de una marina en el puerto de Mahón (Menorca).

La titular del Juzgado de Instrucción número 3, Martina Mora, que incoa el caso Puertos, ha levantado parcialmente el secreto de sumario y ha expuesto en un auto las razones por las que Gual y otros miembros de la APB -entre los que se encuentran el ex director, Juan Carlos Plaza, y la antigua asesora jurídica del consejo de administración del citado ente público, María Dolores Ripoll- tendrán que prestar declaración como investigados. Se les atribuye un presunto delito de prevaricación administrativa leve.

La magistrada sostiene, en síntesis, que Gual y su equipo directivo otorgaron la concesión de un puerto deportivo en Mahón a la empresa Marina Asmen de manera "arbitraria" por razones que todavía están siendo investigadas.

Según consta en el auto de levantamiento del secreo de sumario, la investigación realizada por el Grupo Anticorrupción de la Guardia Civil ha constatado que existen "indicios sólidos suficientes" de que la adjudicación de los amarres a la empresa Marina Asmen, S.L., "no fue el resultado de la objetiva y legal valoración de las propuestas presentadas, sino que se trató de una decisión arbitraria del entonces presidente de la APB, Juan Gual, y su director, Juan Carlos Plaza"

La adjudicación, apunta la juez, fue "consecuencia del acuerdo alcanzado con algunas autoridades políticas de Menorca y con los miembros y responsables de la asociación Asmen para que el concurso se adjudicara en todo caso a favor de empresas de Menorca, tras negociar durante meses con dicha asociación los pliegos del concurso y transmitirles, con carácter previo a la aprobación, numerosa información relevante para la licitación que no fue pública ni estaba al alcance de los demás licitadores y que después determinó la adjudicación a su favor".

La magistrada entiende que "ello se produjo bien a cambio de cualquier favor, prestación, merced o similar, bien por un interés político, bien por ambas cosas".

La empresa adjudicataria se constituyó el 6 de septiembre de 2017 "exclusivamente para concurrir a este concurso que ya estaba publicado, habiendo pactado la asociación con el presidente y el director de la APB dicha constitución".

La adjudicación del concurso investigado a favor de Marina Asmen, continúa el auto, "se materializó con el auxilio necesario e imprescindible de los demás querellados/investigados, por un lado, el director de la APB y los miembros de la comisión técnica, que ‘crearon’ los criterios de puntuación/valoración ad hoc para resolver el concurso a favor de Asmen (no previstos inicialmente en los pliegos), y, por otro lado, la asesora jurídica del Consejo, señora Ripoll, que emitió informes verbales a favor de la adjudicación sabiendo que con ello se estaba apartando del Derecho y de la Ley".

Los investigadores consideran que el funcionario Parada "introdujo en la valoración de algunos criterios reglas de puntuación que no estaban anunciadas en los pliegos y que sólo podían favorecer a Asmen". "El investigado Fernando Berenguer, aun cuando conocía la existencia de estas irregularidades y la creación de criterios preordenados a beneficiar a un licitador, firmó el informe de la comisión con propuesta favorable al mismo", añade la resolución.

La juez tambien interrogará en calidad de investigados a los resposables de las empresas que formaron la sociedad Marina Asmen.

El auto es susceptible de recurso de resposición, subsidiario de apelación, en el plazo de tres días.

Juan Gual y los funcionarios Plaza, Parada y Berenguer fueron detenidos el 24 de julio del pasado año en una espectacular operación de la Guardia Civil en la que fueron registradas las sedes de la APB en Palma, Ibiza y Menorca, así como diversas empresas y entidades. Todos quedaron en libertad con cargos. El sumario ha permanecido bajo secreto hasta hoy.

La presidenta Armengol, responsable directa de su nombramiento en 2015, forzó la renuncia de Gual y puso al frente de la APB al histórico dirigente socialista Francesc Antich, quien recientemente prescindió del director, Juan Carlos Plaza.
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Nota importante: El contenido de esta información no responde a una sentencia firme, sino a un auto que se publica en la fase de instrucción del proceso y, por tanto, es la tesis inicial de los investigadores. Todas las personas nombradas en ella conservan su presunción de inocencia.
Fuente: https://www.gacetanautica.es/secciones- ... o-puertos/
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Y sigue apareciendo info al respecto:
Un informe de la Guardia Civil relaciona Armengol con el caso de corrupción de la APB

Un informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil vincula a la presidenta del Govern, Francina Armengol, con el caso de corrupción en la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), hechos por los que este viernes el PP ha exigido a la líder "explicaciones públicas e inmediatas".

Los investigadores creen que Armengol se reunió con el entonces presidente de la APB, Joan Gual de Torrella, justo antes de su detención, para hablar de los amaños que se investigan. La existencia del informe ha sido publicada este viernes en exclusiva por el diario 'El Mundo'.

Según la información publicada por 'El Mundo', la Guardia Civil se incautó de un documento de la secretaria de Gual, con notas manuscritas en las que se puede leer 'Francina' y un listado de temas a tratar, para la Guardia Civil, son alusiones a cuestiones que se estaban investigando.

Ante la "gravedad" de estas informaciones, el PP ha difundido un comunicado en el que reclama a Armengol que aclare este asunto públicamente este mismo viernes. "No puede pasar un minuto más sin que la presidenta del Govern dé explicaciones", señalan los 'populares'.

Gual de Torrella fue detenido el 24 de julio de 2020 junto a otros cuatro directivos de la APB por la Guardia Civil en un operativo Anticorrupción, y fue puesto en libertad provisional horas después. Fue cesado como presidente a consecuencia de esta investigación y le sustituyó en el cargo el expresidente del Govern Francesc Antich.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Martina Mora, levantó recientemente el secreto de parte de la causa de corrupción que afecta a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB): en concreto, la pieza identificada como 'Mahón-ASMEN', que afecta al presunto amaño del concurso de gestión de amarres en el puerto de Mahón, en Menorca.

Esta pieza se incoó a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. El auto de la juez cifraba en unos 300.000 euros el perjuicio económico para la administración portuaria por el supuesto amaño en este concurso, que se llevó a cabo el año 2017.

El auto apunta como implicados al expresidente de la APB así como al exdirector, Juan Carlos Plaza; la jefa de la Abogacía del Estado en Baleares, Dolores Ripoll; el jefe del área de gestión de la APB en la época investigada; el jefe de explotación; y un técnico de la APB en Menorca.

También se señala a empresas de la sociedad adjudicataria del concurso, Marina Asmen, a varios responsables de las mismas como investigados, y al expresidente de una patronal náutica de Menorca.

La juez apreciaba en el auto indicios sólidos para entender que la adjudicación a favor de Marina Asmen se había acordado con algunas autoridades políticas de Menorca y los empresarios investigados.

Los investigadores creen que desde la APB se diseñó el concurso 'ad hoc' para Asmen y que se les transmitió con antelación abundante información de interés para la licitación, que no estaba al alcance de otras empresas competidoras, determinando así el resultado.

Además, señala a la abogada del Estado Dolores Ripoll, como asesora jurídica del Consejo, por haber emitido informes a favor de la adjudicación, presuntamente a sabiendas de las irregularidades que concurrían.

El auto destaca que la sociedad adjudicataria se constituyó en septiembre de 2017 exclusivamente para concurrir a este concurso, y que la cantidad ofertada en concepto de tasas por la ganadora era notablemente inferior a la de otros competidores.

Las diligencias también apuntan a que Asmen obtuvo importantes ingresos por conceptos que no estaban amparados por los pliegos, y que de hecho eran contrarios a los mismos, pero que la APB no hizo nada para solventarlo a pesar de tener conocimiento de estos hechos.

EL PSIB RECHAZA VALORAR EL INFORME

El portavoz del PSIB, Cosme Bonet, ha rechazado este viernes comentar el informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil. "No tenemos más información que la que publica este periódico, por lo que no tenemos elementos para valorar", ha declarado Bonet, preguntado por este asunto durante una rueda de prensa en la sede del partido.

CS PIDE A ARMENGOL QUE DÉ EXPLICACIONES EN EL PARLAMENT

La portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Patricia Guasp, ha pedido a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que dé explicaciones en la Cámara balear por un informe de la causa de corrupción de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) en el que se la menciona.

A través de redes sociales, Guasp ha solicitado a la presidenta balear que "no se esconda y dé las aclaraciones oportunas" en el Parlament.

Pese a la petición, la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos ha incidido en el respeto, "a diferencia de otros", de la presunción de inocencia, las actuaciones judiciales y las investigaciones policiales.
Fuente: https://www.cronicabalear.es/2021/un-in ... de-la-apb/
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Seguimos con la recopilación de noticas:
Los investigados por el supuesto amaño en la Autoritat Portuària, citados por la juez en octubre

La exalcaldesa de Maó, Conxa Juanola, preguntó por el concurso bajo sospecha

El expresidente de la Autoritat Portuària de Baleares (APB), Juan Gual, y los otros once investigados por la adjudicación de un concurso en el puerto de Maó comparecerán ante la juez entre el cuatro y el seis de octubre. La magistrada encargada de la causa, Martina Mora, ha fijado el calendario para la instrucción después de levantar el secreto de una de las primeras piezas del caso. Con todo, permanece bajo secreto el grueso de las actuaciones, sobre todo las que afectan a la adjudicación de amarres en Eivissa y Formentera y que forman al menos otras tres piezas separadas de la causa.

Las diligencias arrancarán a finales de este mes de julio con la comparecencia de 18 testigos, entre ellos varios antiguos miembros del consejo de administración de la APB. En esa ronda también se encuentran los responsables de las empresas que se presentaron al concurso de Maó que se investiga y que perdieron frente a la unión de varias empresas menorquinas bajo la denominación Marina Asmen. Entre los testigos también hay directivos de la patronal de la pequeña empresa de Menorca, cuyo presidente, Justo Saura, es uno de los investigados.

Una de las claves de los interrogatorios será esclarecer el móvil del supuesto amaño. La magistrada alude en su auto a un acuerdo con «algunas autoridades políticas de Menorca» para que fueran empresas de la Isla las adjudicatarias, como finalmente ocurrió. Los informes de la Guardia Civil que respaldan la investigación apuntan a una llamada para interesarse por este concurso por parte de la exalcaldesa de Maó, Conxa Juanola, del partido Ara Maó. Ese contacto con la cúpula de la APB coincide con las fechas de la adjudicación. Otros encuentros como la reunión que refleja el informe entre Gual y la presidenta del Govern, Francina Armengol, son de 2019, más de un año después de que se hubiera adjudicado el concurso, que se resolvió a mediados de 2018. Por el momento serían otros los altos cargos los que corren riesgo de ser imputados.

Un concurso de amarres y servicios en el puerto de Maó está bajo sospecha en la investigación judicial.

Armengol da un contenido institucional a la reunión que refleja la Guardia Civil

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, aseguró ayer sobre su reunión con Gual que, como líder del ejecutivo autonómico, «tiene la responsabilidad de trabajar lealmente con todas las instituciones». Ese encuentro, que se menciona en un informe, responde, según la presidenta, a «reuniones cotidianas con los responsables de diferentes instituciones». «Si los puertos son importantes para las comunidades marinas, lo son especialmente para Balears, dado que son enclaves estratégicos desde un punto de vista económico y social», señaló, e insistió en que su «responsabilidad» es «trabajar en proyectos de esta comunidad».
Fuente: https://www.ultimahora.es/noticias/loc ... tubre.html
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Mas noticias al respecto:
Puertos del Estado advirtió a la APB: “Parece que hay razones para el voto negativo”

José Llorca dio amparo a los consejeros disidentes en un correo dirigido a Gual cuatro días después de la adjudicación irregular a Asmen

El presidente de Puertos del Estado en 2018, José Llorca, dio su apoyo a los consejeros de la APB que se opusieron con su voto a la adjudicación de un puerto deportivo de 154 amarres y un taller a la empresa Marina Asmen, formada por un grupo de empresarios menorquines. La juez de instrucción y la Fiscalía Anticorrupción consideran que el concurso fue amañado y que la concesión se otorgó de manera ilegal.

La oposición de los vocales Enrique Braquehais (abogado del Estado) y Javier Gesé (representante de Puertos del Estado) provocó el enfado en la cúpula de la Autoridad Portuaria de Baleares, presidida entonces por Juan Gual y dirigida por Juan Carlos Plaza (ambos imputados), hasta el punto de que fueron presionados y amenazados para que cambiaran su postura en un encuentro a puerta cerrada celebrado antes de la reunión del consejo de administración del 7 de mayo.

Ambos consejeros, sin embargo, se mantuvieron en su tesis de que Asmen no representaba la mejor oferta, ya que ofrecía menos canon de ocupación que sus dos rivales y proponía una plantilla de sólo dos marineros. Se les unieron en la negativa a aprobar la propuesta de resolución el capitán marítimo de Mallorca, José Escalas, y el representante de la administración general del Estado, Vicente Torres. El resto del consejo votó a favor y Asmen obtuvo la concesión. Al terminar la reunión, según sostiene uno de los vocales disidentes, Gual pronunció una frase que vendría a confirmar la injerencia de políticos baleares en la adjudicación: “El Estado contra la autonomía”.

En los días posteriores, Juan Gual contó lo ocurrido al presidente de Puertos del Estado, en busca de amparo, pero éste le respondió escuetamente en un correo electrónico: “(…) Parece que hay razones para el voto negativo. Él, al menos, las considera. Creo que deberíamos analizarlo entre todas las partes. Abrazo”. El mensaje, que forma parte del sumario cuyo secreto ha sido levantado por la juez, lleva fecha del 11 de mayo, es decir, cuatro días después de la adjudicación a Asmen.

Con posterioridad al consejo, Braquehais y Gesé tuvieron que solicitar la rectificación del acta por no reflejar fielmente, a su juicio, las razones de su rechazo a la propuesta de la comisión técnica.

Juan Gual y la asesora jurídica de la APB Dolores Ripoll comentaron este tema en una conversación de WhatsApp fechada el 22 de mayo de 2018. Ripoll afirma que ha tenido conocimiento de que Gesé “ha intentado corregir lo de otros” (del acta), a lo que Gual responde: “Lo que conviene es desactivar, y si es a la mallorquina, no pasa nada (…)”.

Según el auto de levantamiento del secreto de sumario, la investigación realizada por el Grupo Anticorrupción de la Guardia Civil ha constatado que existen “indicios sólidos suficientes” de que la adjudicación de los amarres a la empresa Marina Asmen, S.L., “no fue el resultado de la objetiva y legal valoración de las propuestas presentadas, sino que se trató de una decisión arbitraria del entonces presidente de la APB, Juan Gual, y su director, Juan Carlos Plaza”.

La magistrada sostiene que “ello se produjo bien a cambio de cualquier favor, prestación, merced o similar, bien por un interés político, bien por ambas cosas”.
Fuente:https://www.gacetanautica.es/noticias/p ... o-negativo
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Re: Se levanta el secreto de sumario en relación a la concesión de una marina en el puerto de Mahón

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Seguimos con la recopilación de noticias:
Dos grabaciones secretas provocaron el 'caso Puertos'

Los empresarios que denunciaron el amaño en Maó grabaron a un directivo de la APB que implicó a Gual

El nuevo ‘caso Puertos’ estalló a partir de las grabaciones de dos conversaciones. En ellas, los responsables de la empresa Sernautic, que aspiraba a los talleres y amarres del Port de Maó, conversan con el jefe de Área de Gestión de la Autoritat Portuària, Fernando Berenguer. Éste les cuenta que su oferta al concurso era la mejor pero que existe un pacto entre el presidente, Juan Gual, y la alcaldesa de Maó, Conxa Juanola, para que ganen las empresas menorquinas, como al final sucedió.

La denuncia

Los directivos de Sernautic llevan esa grabación a la Fiscalía Anticorrupción que inicia las pesquisas en 2018. En la conversación, Berenguer dice que se cambiaron los criterios de adjudicación y afirma que Gual se enfadó mucho tras conocer la apertura de las ofertas. «Hay que ser de Maó pata negra para este concurso», llegan a comentar en la conversación. Finalmente, la unión de empresas menorquinas, Marnia Asmen, se hizo con la contratación.

Los testigos

Las investigación crece con la declaración de los dos consejeros de administración de la APB que votaron en contra: el representante de Puertos del Estado, Javier Gesé, y el de la Abogacía del Estado, Enrique Braquehais. Ambos consideraban insuficientes las ofertas para el puerto y abogaban por dejar el concurso desierto.

Enfrentamientos

Los dos consejeros relataron varias reuniones de alta tensión y enfrentamientos directos con Gual, que amagó con quejarse de Braquehais a la Abogacía del Estado. Ponen de manifiesto el papel de la jefa de la Abogacía en Balears, Dolores Ripoll, que actuaba como asesora. Las tensiones se extienden a los consejos que abordan la adjudicación del náutico de Eivissa. En ellos, Braquehais dimite y a Gesé se le sustituye.

Náutico de Ibiza

La mecánica de lo que se investiga en Maó y en Eivissa es igual, según la Fiscalía. El concurso está dirigido de inicio y se adapta para que ganen los elegidos. Gesé indica: «Había grandes intereses en torno al Náutico de Eivissa». Esta parte sigue bajo secreto de sumario aún.

Pinchazos

Los teléfonos de los investigados estuvieron pinchados durante meses. De ahí, la Guardia Civil supo que había una filtración y que conocían la investigación. Eso hizo adelantar las detenciones y los registros al julio pasado. Después, en una llamada, Gual achaca todo lo ocurrido al conflicto entre Ripoll y Braquehais.

Políticos

En la pieza de Menorca el único nombre que aparece ligado al posible amaño es el de la ex alcaldesa Juanola (de Ara Maó, con el apoyo del PSOE). A Francina Armengol hay dos menciones por dos reuniones con Gual, una para repasar asuntos de Puertos y otra en la que la presidenta forzó su dimisión.
Fuente: https://www.ultimahora.es/noticias/loca ... acion.html
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Re: Se levanta el secreto de sumario en relación a la concesión de una marina en el puerto de Mahón

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Más noticias!
Los denunciantes del 'caso Puertos' ratifican sus sospechas ante la juez

Confirman la grabación que hicieron a un alto cargo que les advertía de ‘presiones’

La instrucción en abierto del 'caso Puertos' arrancó este lunes con la declaración como testigos de los empresarios que denunciaron irregularidades en la adjudicación de un concurso de Maó. Los dos socios de la empresa Sernautic ratificaron que uno de los directivos de la Autoritat Portuària les dijo que su oferta era la mejor pero que había presiones políticas en Menorca para que ganaran empresarios de la Isla, tal y como finalmente ocurrió. Todos los testigos ratificaron lo que ya habían declarado cuando la causa estaba bajo secreto de sumario o ante la Fiscalía Anticorrupción antes de la querella.

En una sesión de interrogatorios que se prolongó durante ocho horas para cuatro testigos, los empresarios pusieron de manifiesto sus sospechas de que se amañó el concurso. Ambos grabaron una conversación privada con uno de los investigados, Fernando Berenguer, en la que este les decía que había presiones por parte del presidente de la APB, Juan Gual, y del director para que ganara Marina Asmen, que reunía a varias empresas menorquinas.

Contaron que, tras la apertura de las ofertas, se encargó un informe técnico en el que su propuesta perdía la adjudicación. Tras ese consejo aseguraron que llevarían lo ocurrido a Fiscalía. Ese cambio de los criterios en la valoración es la que centra sus quejas y sus sospechas de un trato de favor a Marina Asmen.

Además de los empresarios, también compareció un antiguo consejero de administración de la APB, Rafael Torres. Este señaló que tras ocupar el puesto durante más de seis años fue cesado poco después de las adjudicaciones que se investigan, y relató que los consejos en los que se decidió la adjudicación de Maó fueron especialmente tensos. En contra se habían pronunciado el vocal abogado del Estado y el que representaba a Puertos del Estado. El testigo señaló que estas posturas fueron mal recibidas por Gual y que éste daba la sensación de estar enfadado. En la siguiente reunión, el presidente llevó al consejo a la comisión técnica para que explicara su criterio y que, al no cerrarse el punto con unanimidad, volvió a haber un enfado por parte de Gual.

Los testigos, sin embargo, también fueron vagos en algunas respuestas al no concretar ciertos detalles pasado el tiempo o aludir a suposiciones a lo largo de su declaración. Este martes tendrá lugar otra ronda de declaraciones.

Declaraciones sin móviles y blindadas


La magistrada que instruye la causa, Martina Mora, quiere máxima discreción. Antes de la declaración ya había advertido a los abogados que no se permitirían teléfonos móviles u otros soportes, algo muy poco habitual y que responde a cautelas como las que se adoptaron ante la declaración de la Infanta Cristina en el 'caso Nóos'. La juez ha dictado varias providencias en las que advierte a las partes contra revelaciones del sumario.
Fuente: https://www.ultimahora.es/sucesos/ultim ... -juez.html
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